Pocas instituciones cristalizan con tanta nitidez el espíritu de la nación que representan, sus ideales e intereses, como la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Se diría que la naturaleza transnacional del crimen organizado, objeto de sus funciones, justifica la presencia de la institución en otros países de América, pero es difusa la línea entre el deber y la lógica expansionista estadounidense -muy conocida por los latinoamericanos-, unas veces más tenue, otras más explícita.
En el caso de México, socio y vecino inmediato de EE UU, la relación con la agencia vivió años de bonanza en términos de cooperación (y un grado de tolerada injerencia) durante los Gobiernos del PRI y el PAN. Sin embargo, la llegada de Morena y Andrés Manuel López Obrador al poder representó un muro difícil de flanquear. El expresidente salió del Gobierno dejándole la puerta cerrada a la DEA. Hasta ahora. Muy a pesar del sector más duro del oficialismo, México se está abriendo nuevamente a la cooperación con la agencia estadounidense.
El viraje de 180 grados ha puesto el foco en Omar García Harfuch, coordinador del Gabinete de Seguridad, un policía de carrera de todas las confianzas de la presidenta, Claudia Sheinbaum, con quien había trabajado desde el Gobierno de Ciudad de México. García Harfuch ha sostenido este año dos reuniones en Washington con el titular de la DEA, Terrance Cole. Y este, a su vez, viajó a Ciudad de México para acudir a un encuentro discreto con el zar de la Seguridad de Sheinbaum, una reunión de la que no se informó públicamente ni cuándo fue, ni dónde, ni para qué. Si hubo algún pacto binacional, el público no lo conoce.
El secretario de Seguridad mexicano estuvo en agosto en Argentina para participar en la reunión de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas que organiza la agencia antinarcóticos estadounidense. Habló ante decenas de funcionarios de otros países de los resultados de la estrategia de seguridad de México contra el crimen organizado, mucho de lo cual, dijo, se ha logrado gracias a la inédita fluidez en el intercambio de información con la DEA bajo la gestión de Cole. Esa inmediatez se ha dado “saltándose todos los protocolos que a veces toman mucho tiempo”, comentó García Harfuch, y ha permitido a México actuar oportunamente contra los criminales.
Los buenos resultados no se deben únicamente a la colaboración con la DEA, sino también con otras dependencias estadounidenses. En los casi dos años de Gobierno de Sheinbaum, han sido capturados 63.000 presuntos criminales, se han asegurado 33.000 armas, se han destruido 2.700 narcolaboratorios y se han incautado 518 toneladas de drogas. México, también, ha entregado a Washington a 92 grandes criminales mediante una excepción legal que elude la burocracia de la extradición ordinaria. Se han dado duros golpes al narco, como lo muestra, sin ir más lejos, la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, en un operativo del Ejército que contó con la crucial colaboración en inteligencia de EE UU.
El tráfico de fentanilo desde México ha caído a la mitad, y el flujo de migrantes desde Sudamérica por las fronteras mexicanas se ha desplomado en un 96%. Este viernes, el Gabinete de Seguridad informó de la incautación de un alijo de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, quizá el aseguramiento más cuantioso hasta ahora. La DEA salió de inmediato a reclamar parte del crédito de la operación, afirmando que “no habría sido posible sin el trabajo de investigación e inteligencia” de la corporación.
La cumbre en Argentina selló el nuevo acercamiento entre la DEA y México. O, al menos, así lo quiso hacer ver Washington. Aquel día, Cole valoró la colaboración con García Harfuch y se refirió a él como “un socio de confianza y un buen amigo”. El apapacho no sentó bien en los mentideros políticos del oficialismo en México, donde la cercanía con Estados Unidos se mira con recelo, en un momento en que la presidenta Sheinbaum ha urgido a un cierre de filas frente al “injerencismo” de Washington, las amenazas a la soberanía y sus intentos por meterse en la política doméstica. La mandataria dijo que aquellas palmadas en la espalda para García Harfuch eran la típica manera de EE UU de intentar dividir a un Gobierno que no se pliega a sus intereses.
Remontar el desgaste
Sheinbaum, de hecho, no quería que su hombre fuerte viajara a la cumbre de la DEA en Sudamérica, según contó ella misma, por “la historia de la relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”. Su comentario remite al sexenio de López Obrador (2018-2024), su antecesor, quien terminó por romper con la agencia estadounidense tras varios choques. El primero de ellos, aunque no sería el más grave de todos, se dio a raíz de la detención en 2020 del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), por presuntos nexos con el narco. Aunque el militar no era colaborador de López Obrador, ni mucho menos, al entonces presidente le preocupaba el daño que aquel movimiento de la DEA causaba a la reputación del Ejército, uno de los pilares de su Administración.
El ajuste de cuentas vendría unos meses después, cuando López Obrador ordenó el cierre de una unidad de inteligencia de la DEA que operaba desde hacía dos décadas en México, especializada en el intercambio de información confidencial para el combate al narcotráfico, y una de cuyas mayores contribuciones se dio en la primera captura de Joaquín El Chapo Guzmán. López Obrador aseguró que “ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia” y lo señaló de “haber fabricado delitos”, en referencia a la acusación contra el general Cienfuegos.
López Obrador apretó más, y envió al Congreso una reforma para restringir las actividades de los agentes extranjeros en territorio nacional. Durante la segunda mitad de su sexenio, la DEA publicó investigaciones que documentaban la expansión y fortalecimiento de los carteles en México y EE UU, principalmente el CJNG y el Cartel de Sinaloa, afirmaciones que López Obrador rechazaba. La ruptura total ocurrió en 2024, a pocos meses de que concluyera su Administración, a raíz de una serie de reportajes que sostenían que el narco había financiado la primera campaña presidencial de López Obrador, en 2006. La fuente principal de aquellas publicaciones era un informe de la DEA que nunca llegó a convertirse en una acusación formal.
El oficialismo consideró que aquello fue “una venganza” de la agencia, que dio armas a la oposición mexicana para hablar de la existencia de un “narcogobierno”, un “narcopartido” (Morena) y una “narcopresidencia”, descalificaciones que persisten a la fecha. Persiste también el resquemor, la desconfianza del Gobierno de Sheinbaum hacia la DEA; la tensión entre los principios, la dignidad a la que tanto apela el morenismo, y la urgencia de establecer una relación de colaboración para hacer frente a un fenómeno compartido: el tráfico de drogas y las amenazas a la población.
El oficialismo ha hecho de tripas corazón y ha abierto la puerta de nuevo; Washington ha tenido que dar un par de pasos atrás y aceptar las nuevas condiciones que se le han impuesto desde México, que exige respeto y reciprocidad, para dejarle entrar en su casa. El equilibrio es frágil como una telaraña en el marco de esa puerta.
Con información de Zedryk Raziel de El País
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