
Gobierno inicia procedimiento de embargo de inmueble a exgobernador
La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (Seplafina) del Gobierno de Colima, comunicó que está llevando a cabo un procedimiento para el cobro de un crédito fiscal por una multa interpuesta por el Congreso del Estado de Colima a un exservidor público estatal. (Se trata del exgobernador Mario Anguiano Moreno).
En dicho proceso se ha seguido el curso legal para embargar y, posteriormente, adjudicar a favor de la administración estatal un inmueble propiedad del exservidor público deudor de dicho crédito fiscal.
La LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima multó con más de 515 millones de pesos al ex servidor público derivado de un proceso de fiscalización en el que se detectó desvío de recursos y diversos incumplimientos a la normativa vigente.
Derivado de ese proceso en el que dicho exservidor público también fue inhabilitado por 14 años, el Gobierno del Estado de Colima fue notificado por el Legislativo local de que la multa estaba en firme después de que fueran desechados diversos recursos judiciales interpuestos ante diversos tribunales por el exservidor público involucrado.
Ante ello, la Dirección de Recaudación, parte de la Dirección General de Ingresos de Seplafina, dio curso legal a todo un proceso en donde se notificó al exservidor público en cuestión y, desde 2022 comenzó la búsqueda bienes a su nombre que pudieran ser sujetos de embargo.
Posteriormente, se hicieron las acciones legales correspondientes y con el bien encontrado a nombre del involucrado se procedió a su embargo y posterior adjudicación, en irrestricto respeto a la normativa vigente.
El inmueble en cuestión es un predio en la comunidad de Tinajas, en el municipio de Colima, y el valor adjudicado fue de 3 millones 393 mil pesos, correspondiente al 60% del avalúo de dicho inmueble.
El Gobierno del Estado de Colima, a través de Seplafina y todas las demás dependencias involucradas, reitera su postura en contra de la corrupción y la impunidad, a favor del manejo adecuado de los recursos públicos y de que se proceda conforme a derecho ante quienes hacen mal uso del erario.
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