Sobre el caso del desvío de recursos en el Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol), Griselda Martínez Martínez, presidenta municipal de Manzanillo, señaló que el llamado a cuentas de el o los responsables “es un circo” y “una simulación”.
La funcionaria municipal declaró que nunca instruyó que del Instituto de Pensiones del Estado de Colima se tomara dinero de las aportaciones de los trabajadores “para que Finanzas del Estado los tomara en esos 70 millones de pesos”.
Detalló que la mayoría de esos 70 millones de pesos que, se señalan han sido desviados, son de Manzanillo. “El que mayormente aporta al Ipecol es el municipio de Manzanillo y aparte es el único que sí paga y está al corriente todo el tiempo con sus aportaciones. Ni el estado está al corriente”.
Al ser llamada a declarar en su debido tiempo, la alcaldesa rechazó que ella haya dado la instrucción “para que se tomara el dinero de nuestros trabajadores para financiar responsabilidades y obligaciones el gobierno del estado” que encabezó José Ignacio Peralta Sánchez y cuyo titular de Planeación y Finanzas era Carlos Noriega.
Destacó que el tema del juicio en contra de este segundo funcionario “me parece francamente y abiertamente una simulación. Me parece un circo porque al final de cuentas va a resultar que no hay mayor responsabilidad para los responsables. ¿Por qué? Pues porque todo lo dejaron de tal manera que no va haber mayor responsabilidad”.
La funcionaria enfatizó que, si lo colimenses están “creyendo que se van a ser llamadas a cuentas, combate a la corrupción, y demás, es totalmente falso. Y qué bueno sería si se llamara a cuentas a todos los que han saqueado el estado de Colima”.
Por último, externó que desde que la Fiscalía General la mandó llamar a declarar se dio cuenta de que “todo es como gatopardismo: Vamos a parecer que hacemos para al final no hacer nada”.
Cabe destacar que, a finales del mes de mayo al ex secretario de Planeación y Finanzas; y actual diputado local, Carlos Noriega, fue vinculado a proceso por presuntamente desviar recursos de los trabajadores de los 10 municipios, así como de dependencias paraestatales como Ciapacov, Infocol, Tribunal Electoral, entre otros.
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