La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de dos predios forestales en el municipio de Minatitlán, Colima, debido a la realización de cambios de uso de suelo sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante recorridos de vigilancia en materia forestal, personal de la Procuraduría detectó la remoción de vegetación en los ejidos San Antonio y Platanarillo, lo que motivó la realización de visitas de inspección para verificar los hechos.
Como resultado, se determinó la aplicación de esta medida de seguridad en ambos sitios. En el ejido Platanarillo, dentro de la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la clausura abarca una superficie de 1,906.46 m², donde se registró la afectación de diversas especies forestales como cuero de vaca, rosa morada, higuera, trompetero, papelillo rojo y guásima.
En el ejido San Antonio, la clausura se aplicó en una superficie de 10,920 m², donde también se constató la remoción de vegetación de especies como huizcolote, huizache, guácima y tepame, entre otras.
Estas acciones se realizaron sin contar con la autorización federal requerida, por lo que la Profepa actuó conforme al artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que faculta a la autoridad a imponer medidas de seguridad ante posibles daños al ambiente.
Derivado de las inspecciones, se levantaron las actas correspondientes los días 5 y 6 de marzo y se integraron los expedientes administrativos, que fueron turnados al área jurídica para continuar con el procedimiento.
El cambio de uso de suelo en terrenos forestales implica la remoción de la vegetación para destinar el terreno a actividades distintas a las forestales, lo cual requiere autorización previa. Su incumplimiento puede generar impactos significativos en los ecosistemas.
La Profepa continuará con el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes y, en su caso, imponer las sanciones y medidas que establece la ley.
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