Colima aún no presenta ningún caso de acoso judicial contra periodistas en lo que va del presente año, así lo asevera un reporte elaborado por la organización ARTICLE 19 México y Centroamérica, quien con base en ello, hizo un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados por las autoridades gubernamentales como herramientas de censura en México.
La organización exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas.
En lo que va del año, ARTICLE 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra.
Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
Aunque ARTICLE 19 ha advertido sobre esta tendencia desde 2016, en tan solo siete meses se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior.
La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales.
Preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México.
Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder.
Ante este escenario, ARTICLE 19 presenta este breve reporte reiterando las obligaciones del Estado mexicano para proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, consagrado en la Constitución y protegido por los tratados internacionales.
En México, en esta última década, la utilización de procesos judiciales contra la prensa ya se ha convertido en una tendencia común. Hasta este año, con 40 casos, el año 2021 había sido el año con más procesos abusivos documentados contra periodistas por sus publicaciones o investigaciones.
Como lo muestra el gráfico de los registros de ARTICLE 19, en tan sólo siete meses del 2025 ya sobrepasó lo registrado en el año con más casos (2021). Cada uno de estos casos representa a una persona periodista o medio de comunicación la cual ha tenido que desgastar sus recursos para defenderse no sólo legalmente, sino incluso en la tribuna pública.
La periodista Lourdes Mendoza, es un claro ejemplo de esto. Desde enero de 2025 fue notificada de una demanda de daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Como parte de este proceso, la periodista tuvo que responder un interrogatorio de aproximadamente 3 horas, y ha tenido que mantener exigencias activas tanto en sus redes sociales como en espacios periodísticos para reivindicar su imagen y mantener un debido proceso en su caso.
El gobernador de Nayarit inició el año llamando a los periodistas como “sicarios de la comunicación” y “sicarios en las redes”. Reiteró que “a través de la difamación tratan de sacar prebendas económicas”, estigmatizando a la prensa y catalogando su actuar como una agresión hacia su gobierno.
Con la argumentación que es para “salvaguardar su prestigio”, el gobernante dejó un mensaje claro a las y los periodistas; que la ley podría ser utilizada en su contra.
Este año ese mensaje ha resonado en múltiples estados de la República y en la propia capital, pues los casos se encuentran documentados en 17 estados del país, como se observa en la siguiente gráfica. Dicho de otra forma, arriba del 53% de las entidades federativas ya han registrado al menos un proceso de acoso judicial contra periodistas o medios de comunicación.
Esto demuestra que no son algunas personas quienes están abusando del sistema, sino que es una práctica reiterada en el territorio nacional.
Los tres estados con más procesos iniciados contra periodistas son Veracruz (10 casos), Ciudad de México (9), y Jalisco (6), siguiéndoles Campeche, Oaxaca y Puebla con 3 casos cada uno.
El acoso también implica la utilización de distintas vías legales, tanto ministeriales como judiciales, para acosar a quienes ejercen su libertad de expresión. De los 51 casos de acoso judicial documentados, 26 fueron por la vía electoral (50.98%), 14 por la vía penal (27.45%), y 11 civiles (21.57%). Entre enero y julio de 2025 no se han documentado casos de acoso por vía administrativa.
Preocupan dos tendencias: el uso de marcos normativos electorales en las elecciones 2024 y del poder judicial del 2025, así como el abuso del derecho penal, el más intrusivo de los recursos legales, como una constante en México para silenciar a la prensa.
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