El general en retiro Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, denunció que en 2018 entregó a Rocío Nahle, entonces secretaria de Energía, una carpeta con pruebas clave sobre el robo de hidrocarburos. La información, que incluía mapas, nombres, gráficas y ubicaciones estratégicas, no fue utilizada y, en palabras del propio militar, “el robo se maximizó”.
Desde Canadá, donde enfrenta un proceso judicial de extradición, Trauwitz aclaró que no responsabiliza directamente a Nahle del aumento en el huachicol. Sin embargo, lamenta que los datos proporcionados no hayan servido para frenar el saqueo. “Dije que le entregué información con la que pudieron haber solucionado muchas cosas, pero no lo hicieron”, afirmó en entrevista con Proceso.
La reunión con Nahle, según el general, duró menos de 30 minutos. Fue gestionada por empresarios vinculados a proveedores tecnológicos de Pemex. La carpeta entregada tenía más de 300 hojas y contenía datos obtenidos por el Ejército y la Fuerza Aérea. La propuesta era crear una estructura integral de seguridad energética, que fue ignorada.
Robo institucionalizado y red de complicidades
Trauwitz afirma que el robo de combustible en Pemex se institucionalizó durante años con la complicidad de funcionarios y la protección de autoridades. Reveló que, tras una explosión en instalaciones de la empresa estatal en 2013, se inició una investigación que mostró la infiltración del crimen organizado en refinerías y terminales.
“Las cámaras estaban rotas, los flujómetros no servían y el registro era manual. Así se justificaba el robo masivo”, explicó.
El exfuncionario denunció que trabajadores de Pemex fueron asesinados tras denunciar irregularidades en estados como Guanajuato, Michoacán y Veracruz. “Mataron a un gerente en Salamanca, a otro en Veracruz. Nadie quiere hablar. Hay miedo y colusión”, lamentó.
También expuso que algunos agentes infiltrados protegían tomas clandestinas. Para identificarlos, se les asignó desactivarlas. Los que se negaron fueron reubicados y más tarde testificaron en su contra.
Además, afirmó que muchas gasolineras eran receptoras del combustible robado. Un análisis interno detectó estaciones que, sin comprar gasolina legalmente, seguían reportando ventas elevadas. “El robo dejó de ser de cubetas: se volvió industrial. Con ductos, barcos y trenes operados con cobertura institucional”, aseguró.
Juicio en Canadá y denuncia por represalia política
Trauwitz enfrenta un proceso de extradición en Canadá. La acusación original por delincuencia organizada fue descartada; la jueza solo autorizó una posible extradición por “pérdida de confianza”, relacionada con protocolos para desactivar válvulas ilegales.
“Estoy acusado por romper válvulas ilegales para evitar el robo. Esa estrategia funcionó, pero fue usada en mi contra. Tengo pruebas y testigos”, señaló.
Aseguró que se trata de una persecución política, recordando que fue mencionado públicamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019. También denunció que no ha tenido acceso completo a su carpeta de investigación y que no hay pruebas suficientes para sostener los cargos.
“La jueza aquí preguntó: ¿dónde está el dinero?, ¿a quién se vendió?, ¿cómo lo transportaban? No hay respuestas”, agregó.
En la misma entrevista, solicitó públicamente a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que intervenga en los casos de cinco militares condenados por sustracción ilegal de hidrocarburos.
Los exfuncionarios sentenciados son:
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Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, general en retiro
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Emilio Cosgaya Rodríguez, coronel en retiro
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Oziel Aldana Portugal, teniente en retiro
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Ramón Márquez Ledezma, sargento en retiro
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José Carlos Sánchez Echavarría, sargento en retiro
Según la jueza, estos militares incumplieron los protocolos para inhabilitar tomas clandestinas entre 2015 y 2016. Las penas van de los 12 a más de 31 años de prisión.
“Fueron sentenciados injustamente. El testigo principal nunca se presentó. Esto ya es un tema humanitario”, aseguró.
Plantas huachicoleras operaban con fachada legal en Veracruz
Las revelaciones se agravan con el hallazgo de dos plantas de procesamiento en Veracruz, presuntamente utilizadas para acopiar hidrocarburos robados. Ambas funcionaban bajo una fachada legal con permisos ambientales vigentes.
Estaban ubicadas en:
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Moloacán, al sur del estado
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Las Vigas, a una hora de Xalapa
Estas instalaciones eran operadas por las empresas Petrosoluciones del Sureste y Energía Ecorenovable, registradas formalmente ante el Registro Público de Comercio. Sus socios tienen negocios similares en Nuevo León, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo.
En el operativo del 8 de julio, la Marina y la Guardia Nacional aseguraron más de 933 mil litros de hidrocarburo y 64 carrotanques en Las Vigas. La planta contaba con agua, luz y gas, y se encontraba a sólo 10 minutos del Palacio Municipal, muy cerca de una carretera federal y vías del tren.
No hubo detenidos durante el aseguramiento.
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