Las autoridades judiciales de Estados Unidos han decidido no solicitar la pena de muerte contra tres de los narcotraficantes más emblemáticos de México: Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Esta medida, anunciada por el fiscal Joseph Nocella Jr. ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, representa un giro estratégico en los procesos penales que enfrentan los acusados.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció al respecto, subrayando que estas decisiones corresponden exclusivamente a la Unión Americana. “Nosotros estamos en contra de la pena de muerte… no importa el delito. No es algo con lo que coincidimos”, afirmó. Además, recordó que el tratado de extradición entre ambos países establece reciprocidad, lo que impide aplicar la pena capital a extraditados mexicanos.
Un alivio legal para los capos
La decisión de no buscar la pena de muerte abre la posibilidad de acuerdos judiciales que podrían acelerar los procesos. Expertos como David Saucedo y el periodista Óscar Balderas coinciden en que esta estrategia responde a factores como la edad avanzada de los acusados, el costo de las apelaciones prolongadas y el riesgo de violencia en México ante una sentencia extrema.
Mike Vigil, exagente de la DEA, explicó que los juicios federales en Nueva York rara vez concluyen con pena capital. Según él, los jueces consideran que estos procesos consumen tiempo y recursos, especialmente cuando las apelaciones pueden extenderse por décadas.
En el caso de Zambada, su abogado Frank Pérez celebró la decisión del gobierno estadounidense, calificándola como “un paso importante hacia una resolución justa y equitativa”. Zambada fue detenido en Texas el 25 de julio del año pasado y posteriormente se declaró inocente de 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.
Por su parte, Caro Quintero fue extraditado en febrero junto con otros 28 presuntos delincuentes. Días después, se declaró inocente de los cargos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, además de delitos relacionados con el narcotráfico.
México insiste en la reciprocidad
Aunque aún no se ha confirmado si existe un acuerdo entre los capos y las autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano mantiene su postura firme contra la pena de muerte. Sheinbaum reiteró que México no participa en estas decisiones, pero busca que se respete el principio de reciprocidad en todos los procesos judiciales internacionales.
Esta decisión judicial marca un precedente importante en la relación bilateral en materia de justicia penal y podría influir en futuros casos de extradición y cooperación internacional.
