Este martes a las 11:00 horas, inició la discusión en el pleno de la Cámara de Senadores para analizar si se aprueba o no la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La agenda del Senado de la República tiene previsto que la votación se realicé el miércoles, para aprobarla, Morena y sus aliados necesitan 86 votos, cifra que significaría la mayoría calificada.
No obstante, el oficialismo sólo cuenta con 85 senadores, por lo que, si es que la oposición se encuentra “bien definida” como afirma estarlo, la reforma judicial sería rechazada por los senadores, aunque el tema no terminaría ahí.
Primero, habría que destacar dos cosas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha afirmado que con sólo 85 senadores, Morena puede aprobar la reforma, cuestión que ha sido señalada como “fraude” por los grupos políticos opositores.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, se establece que la mayoría calificada en el Senado requiere de 86 senadores, no hay más, cualquier aprobación de reforma constitucional que se realice con un número menor de legisladores es una violación a la Ley.
Por otro lado, mucho se ha comentado sobre si Morena y sus aliados buscan “comprar” el voto de senadores del PRI y del PAN. Marko Cortés incluso ha denunciado que altos funcionarios del gobierno han buscado seducir a los senadores de oposición o que, incluso, amenazaron con iniciarles carpetas de investigación en caso de que no accedan a dar su voto a favor de la reforma.
Ayer por la noche, Guadalupe Murguía, coordinadora de los senadores del PAN, salió a dar un mensaje a medios de comunicación, donde exigió al senador panista Miguel Ángel Yunes, fijar una postura clara entorno a la reforma mencionada, parece que desde las entrañas de Acción Nacional se teme porque el legislador de la espalda a la derecha mexicana.
Pero ¿y si la oposición logra rechazar la reforma? Además de lograr un hito legislativo, ya que Morena posee mayorías casi aplastantes en diputados, en los gobiernos estatales y por obvias razones en el propio Ejecutivo, la oposición se echaría a la bolsa una de las victorias que mejor sabor le brindarían, especialmente tras su derrota en las elecciones del 2 de junio.
Sin embargo, la reforma Judicial va sí o sí, así lo ha mencionado el presidente López Obrador. Morena buscaría la forma de plantear nuevamente los cambios constitucionales para su aprobación antes de la culminación del mandato del presidente, que es el próximo 30 de septiembre.
Para la catedrática Luz María Cruz Parcero, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el rechazo a la reforma “brindaría tiempo” para “repensar” los cambios que se buscan realizar, para “tomar en cuenta” a todas las voces de la sociedad y plantear mejor la reforma.
“Yo creo que sí debe haber una reforma, pero no como la están planteando desde Palacio Nacional”, comentó Cruz Parcero en entrevista.
Dicha cita de la profesora, encaja con dichos mencionados por el mismísimo Ricardo Anaya, quien actualmente es senador del PAN y con dichos de jueces, magistrados, y demás empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF), como el de Alejandra Loya Guerrero, quien es Secretaria Proyectista del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y catedrática de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana.
Una buena parte del PJF sí quiere una reforma judicial, los senadores de oposición sí quieren una reforma judicial, pero no quieren los cambios propuestos por Andrés Manuel López Obrador.
“Nosotros no somos oposición, no queremos combatirlos (al gobierno de AMLO), queremos acercarnos, tienen la oportunidad de hacer una reforma judicial en serio, que sí abone a la justicia. Olviden la venganza política contra jueces y magistrados y tengan en cuenta a los mexicanos y mexicanas que no reciben justicia”, comentó Alejandra Loya.
Por otro lado, manifestantes a favor de la reforma al Poder Judicial, están a favor de los cambios a la Constitución. Habitantes de Iztapalapa, por ejemplo, señalaron que una inmobiliaria les arrebató sus hogares para la construcción de edificios, y que ésta actuó tras un recurso legal otorgado por un juez, que, señalaron, seguramente fue partícipe de corrupción.
“Queremos que quiten a los jueces corruptos, que lleguen nuevos y mejores, queremos justicia, que la justicia pueda llegar a todos y no sólo a los que puedan pagarla”, comentó Lourdes Mendoza, una de las afectadas en Iztapalapa.
Además, la ciudadanía también ha levantado la voz en diversos temas, por ejemplo, en aquellos jueces que actúan sin una previa evaluación del caso y que ejercen su poder beneficiando a aquellos que pueden pagar un soborno, al menos es eso lo que comenta la voz colectiva que rodea los ecos de la Ciudad Judicial, en la capital mexicana.
De aprobarse la reforma ¿Qué pasará? Además de ser promulgada por el presidente Obrador y de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandra Loya comentó que desde el PJF y otros entes, se iniciará una batalla legal para echar abajo los cambios a la Ley.
“Si no funciona la lucha nacional recurriremos a instancias internacionales, donde tenemos más probabilidades de ganar, existen muchas jurisprudencias de la Corte Interamericana donde nos dan la razón”, aseguró la profesora de la Ibero.
Añadió que esta lucha puede durar meses, tanto en las cortes nacionales como internacionales.
Sin embargo, ¿se está respetando la voz del pueblo de México? Cabe señalar que desde el inicio de su campaña, la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que la reestructura del Poder Judicial se llevaría a cabo y que si la ciudadanía estaba de acuerdo con ello, debían ejercer su voto a favor de Morena y sus aliados.
El 2 de junio Sheinbaum arrasó lar urnas con 35.9 millones de votos, es decir: una mayoría de 59.7%, los votantes sufragaron no sólo a favor de la candidata, sino a favor de los cambios al Poder Judicial.
Entre los puntos más “controvertidos” de dicha reforma se encuentran la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el recorte del número de ministros, de 11 a nueve y la creación de un órgano supervisor de las decisiones de los jueces.
Para Ricardo Anaya, panista, esto es una “trampa” ya que Morena sería quien preeligiera a los candidatos al poder judicial y señaló que dicho órgano supervisor tendría “más poder” que los mismos jueces mexicanos.
Las modificaciones al Poder Judicial toma relevancia ya que sería la última “gran reforma” del sexenio de López Obrador, abriría paso a un “nuevo poder” de cara a la administración de Claudia Sheinbaum.
En el pasado, en 1995, Ernesto Zedillo jubiló a los 26 ministros de la SCJN, redujo el número a 11 y dio pie a un nuevo Poder Judicial, ya que dijo, dichos funcionarios fueron elegidos en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1989) y Carlos Salinas de Gortari (1989-994), de este último, se encontraba “alejado” políticamente, por lo que Zedillo no quiso ejercer su cargo con “viejos” funcionarios salinistas.
Ahora México se enfrenta a una nueva reforma al Poder Judicial y sólo será el tiempo el que dé la razón a unos o a otros sobre si se debió o no, aprobar el cambio constitucional.
Con información de Forbes
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