Gobernadora niega, sin pruebas, acusaciones por delitos electorales

Tras la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en su contra por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, la gobernadora de Colima negó las acusaciones. 

Indira Vizcaíno aprovechó su conferencia Diálagos por la Transformación y sostuvo que “no, no hay desvío de recursos, ni uso de ningún patrimonio del gobierno del estado, ni la participación de los colimenses en ningún tema político, partidista o proyecto”. 

Sin aportar pruebas, descartó que funcionarios de su gobierno hayan participado en una estrategia para impulsar a Claudia Sheinbaum en la encuesta que definiría al aspirante de Morena a la presidencia de la República. 

Sin embargo, la plataforma Latinus documentó la semana pasada cómo un grupo de 15 funcionarios de primer nivel de la administración de Vizcaíno operó una red de promotores a favor de Sheinbaum, desplegados en Guadalajara, Jalisco, en los distritos en los que se llevaría a cabo el levantamiento de la encuesta de Morena. 

“En el momento que nosotros recibamos cualquier notificación de cualquier tipo de denuncia, las áreas correspondientes responderán a la misma y entregarán toda la información que se nos solicita”, afirmó Vizcaíno Silva. 

La denuncia promovida por MC también es en contra de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y de Morena. 

Para Jesús Dueñas, diputado local de MC en Colima, los testimonios y evidencias presentadas por Latinus no dejan duda de la intromisión de la mandataria estatal en el proceso interno de Morena. 

Declaró que los “moches” que el gobierno de Colima hizo a trabajadores estatales, oscilan en unos 14 millones de pesos, y también fueron revelados por Latinus. 

La plataforma expone que un funcionario involucrado en la operación realizada por trabajadores públicos del estado a favor de Sheinbaum renunció a su puesto en la Comisión Estatal de Agua, por así convenir a sus “intereses particulares”. 

Se trata de César Guerra, quien se desempeñaba como Enlace Jurídico de la Comisión Estatal del Agua.  

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