Arellanes primera exfuncionaria, sometida a juicio en nuevo sistema penal

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Ciudad de México, 07 Jul.- Confirma Enesto Canales, fiscal anticorrupción del estado, que la fiscalía inicio un proceso dentro del nuevo sistema penal contra Margarita Arellanes Cervantes, exalcaldesa de Monterrey, Nuevo León y exfuncionarios, están sujetos al proceso en el nuevo sistema de justicia penal..

Se les acusa de haber adjudicado a un despacho jurídico de manera directa y con cargo al erario siete millones 75 mil pesos más IVA para la defensa legal al concluir su administración.

En entrevista con Manuel Feregrino, en el espacio noticioso de Ciro Gómez Leyva, Canales señaló que la Fiscalía inició un proceso dentro del nuevo sistema penal contra los exfuncionarios por aprobar un contrato de servicios jurídicos para ser ejercitado una vez que ella hubiera concluido su periodo de gobierno, y asegurarse de contar con servicios legales pagados por el municipio cuando ya fuera funcionaria.

Dijo que en este sentido, se consideró que esa conducta encuadra dentro del ilícito penal de utilizar los dineros públicos para servicios privados y eso es lo que se va a dilucidar en este proceso penal.

“La Fiscalía presentó sus cargos ante la juez de control en una audiencia que se llama de vinculación que consiste en que el juez escucha los argumentos que tiene laFiscalía y la defensa y toma la decisión de vincular o no a proceso el caso que se le ha presentado. La vinculación significa el que se inicie el proceso penal, el juez en esta audiencia solo tiene que considerar si hay elementos indicativos de la comisión de un delito, no es una resolución de culpabilidad o responsabilidad, sino solo de inicio del proceso penal”, señaló.

De acuerdo con el fiscal, esta audiencia es muy significativa porque es la primera ocasión en que una exalcaldesa es sometida a un juicio penal en este nuevo sistema.

Comentó que en caso de encontrarse culpable, Arellanes y demás excolaboradores serían sancionados con base en la aplicación del Código Penal ya que hay un delito que encaja en la conducta que están imputando y que establece una pena de dos a 12 años, aunque el nuevo sistema ordena el cumplimiento de la sanción en libertad en caso de sentencias menores de cinco años, cuando no hay peligrosidad y hay un acuerdo de reparación del daño.

“El interés de la Fiscalía es señalar las conductas que deben ser estimadas como ilícitas para que no se vuelva repetir, es decir lo que se trata es precisamente de vigilar que el erario público no se utilice para fines privados”, indicó.

En cuánto al tiempo que el juez de control determinará el inicio formal del proceso en contra de los funcionarios, Canales dijo que la jueza del caso dio un plazo de 30 días para que la Fiscalía presente los argumentos completos y la defensa tenga oportunidad de organizarse para estructurar sus términos de defensa.

Refirió que una vez que las partes presenten sus respectivos casos, la juez tomará la decisión, y en vista de lo presentado por las partes existen pruebas contradictorias o argumentos la jueza decidirá si lo somete a un juicio oral, es decir si decide un juez en audiencia oral.

Con lo anterior, hasta los primeros días de agosto la juez de control decidirá lo procedente y los términos de la continuidad del juicio.

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