Foto de cortesía
En México, cada litro de refresco podría costar el doble debido al IEPS a bebidas azucaradas que se propuso; pero más allá de los centavos, el verdadero precio podría medirse en derechos humanos y desigualdad social.
Así lo advirtió la Dra. Elba Jiménez Solares, profesora de posgrado en la FES Acatlán, durante el XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la importancia de la Investigación en la Ciencia Jurídica, donde cuestionó los fundamentos legales y éticos del incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas.
La académica —coautora del libro “Impuestos a las bebidas azucaradas: ¿la regulación actual del IEPS es eficiente, coherente y cumple su fin extrafiscal?”— sostuvo que la propuesta de elevar la cuota de $1.64 a $3.18 pesos por litro va más allá de una medida fiscal: “Es una transgresión a los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria”, afirmó.
Desde su perspectiva, el IEPS a bebidas azucaradas no solo afecta el bolsillo de los consumidores, sino que vulnera derechos fundamentales. “No se cumple con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución”, recordó, al referirse a la obligación de que los impuestos sean proporcionales y equitativos.
En la práctica, explicó, las personas con menos ingresos terminan pagando el mismo impuesto que los sectores más favorecidos, lo que acentúa la desigualdad económica.
La Dra. Jiménez Solares subrayó además que esta política contradice el artículo 1º constitucional, el cual obliga al Estado a garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad y progresividad.
En otras palabras, ninguna medida fiscal debería significar un retroceso en el bienestar social.
Pese a los argumentos de salud pública que dieron origen al impuesto en 2014, la realidad parece desmentir sus resultados.
En una década, la prevalencia de diabetes en México aumentó de 9.2% a 18.3%, lo que demuestra que el gravamen no ha reducido el consumo ni mejorado los indicadores sanitarios.
A ello se suma otro problema; los recursos recaudados no están etiquetados ni se destinan a fortalecer programas de nutrición o prevención de enfermedades, lo que deja al IEPS sin un verdadero fin extrafiscal.
“Se ha convertido en una herramienta meramente recaudatoria”, señaló la especialista.
El debate no se limita al terreno de la salud. También se cruza con la libre competencia.
De acuerdo con Jiménez Solares, el artículo 28 constitucional —que prohíbe las prácticas monopólicas— podría estar siendo vulnerado, ya que el aumento del impuesto beneficia a grandes corporaciones como Coca-Cola, mientras amenaza la supervivencia de pequeños comerciantes.
La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima que más de 60 mil tienditas de barrio podrían desaparecer de aprobarse el incremento.
Al cierre de su ponencia, la académica lanzó un llamado contundente: replantear la política fiscal sobre las bebidas azucaradas.
No se trata de eliminar la regulación, sino de construir un modelo más justo y coherente con el marco constitucional.
“No se trata de recaudar más, sino de garantizar justicia social y respeto al Estado de derecho”, concluyó.
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