El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, se deslindó de cualquier vínculo entre su administración y la reciente detención del general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, exsecretario de Seguridad del estado. Aclaró que el arresto del militar responde a un proceso judicial en Colima y no tiene relación con investigaciones locales ni con la organización criminal “La Barredora”.
“No tiene nada que ver con el estado de Tabasco, es un tema en Colima y se está atendiendo allá”, declaró el mandatario, al ser cuestionado sobre el caso. Chávez Martínez fue vinculado a proceso por un juez militar por presuntos delitos de violación, abuso de autoridad y abuso sexual agravado contra una integrante de la Guardia Nacional, cuando se desempeñaba como coordinador estatal de esa corporación en Colima.
Fiscalía militar investiga desde hace dos meses
La Fiscalía de Justicia Militar inició la investigación tras una denuncia formal presentada hace dos meses. Actualmente, Chávez se encuentra en prisión preventiva justificada en la cárcel militar de La Mojonera, en Zapopan, Jalisco.
Chávez fue titular de Seguridad Pública en Tabasco desde febrero de 2024, tras la renuncia de Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo por presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue ratificado por May Rodríguez en octubre de ese año y renunció en febrero de 2025, luego de recibir amenazas del crimen organizado.
Durante su gestión, reconoció públicamente la existencia de “La Barredora” y señaló que su crecimiento se debió a una etapa de “tolerancia” en la entidad. Afirmó que el grupo se fracturó en 2023, generando disputas violentas en municipios como Comalcalco, Cárdenas y Paraíso.
Sin embargo, el gobernador fue enfático: el proceso penal contra Chávez no está vinculado con esas declaraciones ni con investigaciones en curso en Tabasco. En abril de 2025, el general fue designado coordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima, cargo que ocupó hasta junio. Su salida no fue explicada públicamente y su gestión no logró contener los altos índices de violencia en la entidad.
Hasta ahora, ni la FGR ni la Sedena han emitido una postura oficial sobre su detención, lo que ha generado especulaciones sobre la transparencia institucional.
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