
Corte no establece duración de licencias: Yasmín Esquivel Mossa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reavivó este lunes el debate sobre la extensión de las licencias de paternidad, al declarar inconstitucional el permiso vigente en Baja California Sur, el cual otorgaba apenas diez días a los padres trabajadores. La resolución representa un llamado urgente al Congreso local para legislar en favor de una mayor equidad parental sin que ello implique comprometer la sostenibilidad de los sistemas públicos.
Durante la sesión del Pleno, la ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo hincapié en que, si bien la Corte puede exhortar a los congresos estatales a reformar leyes desactualizadas o discriminatorias, no está facultada para imponer plazos específicos en materia de licencias de paternidad. Recordó que las condiciones presupuestales varían entre entidades, por lo que imponer permisos prolongados sin estudios actuariales podría poner en riesgo la estabilidad financiera tanto pública como privada.
Desde su perspectiva, la SCJN debe respetar los límites de su competencia y no sustituir el trabajo técnico de los legisladores ni la responsabilidad de las instituciones de seguridad social, encargadas de valorar la viabilidad económica de estas medidas.
La reforma constitucional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, vigente desde 2023, busca precisamente impulsar la equiparación de derechos laborales, incluida la ampliación de licencias parentales. No obstante, Esquivel Mossa insistió en que cualquier avance en este sentido debe realizarse de manera progresiva y con base en evidencia técnica.
Para la ministra, el reto no solo está en ampliar los permisos, sino en garantizar que esta medida sea sostenible, viable y equitativa para todos los sectores. En ese sentido, recordó que cada estado debe legislar conforme a sus propias capacidades económicas, por lo que una solución homogénea podría generar efectos adversos en regiones con recursos limitados.
El fallo de la SCJN abre la puerta a una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la promoción de políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad en el cuidado infantil. Esquivel Mossa propuso que los congresos locales convoquen a mesas técnicas donde participen expertos en derecho laboral, instituciones de seguridad social, sector privado y organizaciones civiles, con el fin de analizar el impacto fiscal y social de una eventual reforma.
En este contexto, la ampliación de las licencias de paternidad no debe verse como un mandato unilateral, sino como un proceso colaborativo y técnico que permita reducir brechas de género sin afectar la funcionalidad del sistema.
A pesar de las limitaciones impuestas por el actual marco normativo, el mensaje es claro: la SCJN ha dado un paso significativo al visibilizar las deficiencias en los permisos parentales, sin exceder sus facultades. Con ello, se impulsa una agenda de igualdad sustantiva que reconoce tanto el derecho de los padres a cuidar como la necesidad de legislar con responsabilidad.
La resolución representa una oportunidad para que los congresos locales no solo ajusten su normativa, sino también rediseñen sus políticas de bienestar con enfoque de género y sostenibilidad. Así, se podría avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde el cuidado no sea exclusivo de las mujeres y donde los derechos laborales respondan a las realidades contemporáneas.
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