La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha reiterado su compromiso con la defensa de la autonomía de los tribunales administrativos, al pronunciarse a favor de la reciente decisión tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
Una decisión clave para preservar la independencia judicial
El pasado 8 de abril, la SCJN resolvió invalidar la disposición que otorgaba al Congreso de Baja California la facultad de nombrar al titular del Órgano Interno de Control (OIC) del citado tribunal. La resolución surgió como respuesta a una controversia constitucional promovida por el propio tribunal, que consideró que dicha normativa vulneraba su independencia.
Para Yasmín Esquivel, esta resolución representa un paso firme hacia la protección del principio de separación de poderes y la consolidación de la autonomía judicial en los órganos encargados de revisar la legalidad de la administración pública.
“Estamos hablando de una figura clave en los sistemas de control interno, ya que se encarga de supervisar y garantizar la correcta gestión de los recursos públicos dentro del propio tribunal”, señaló Esquivel Mossa.
El OIC, pieza fundamental del control institucional
El Órgano Interno de Control es una entidad crucial en cualquier organismo público. Su función consiste en garantizar que la gestión de los recursos se realice conforme a la ley, fomentando la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas.
De acuerdo con la ministra Yasmín Esquivel, permitir que un poder legislativo intervenga en el nombramiento del titular de dicho órgano compromete su imparcialidad y pone en riesgo la autonomía de los tribunales administrativos. Por ello, la SCJN actuó en defensa del principio constitucional de independencia en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.
No se elimina la fiscalización, se protege la imparcialidad
Uno de los argumentos centrales de Esquivel Mossa fue que, si bien se elimina la participación del Congreso en la designación del titular del OIC, esto no implica que el tribunal quede exento de rendir cuentas.
“La decisión no exime al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California de los procesos de revisión que realiza la Auditoría Superior del Estado; ya que, aunque se anule la intervención del Congreso local, el Tribunal continuará sujeto a los procesos de control y fiscalización ordinarios”, explicó.
Este matiz es fundamental, ya que se garantiza la vigilancia institucional sin comprometer la imparcialidad judicial. Es un ejemplo claro de cómo se puede equilibrar la fiscalización con el respeto a los principios de autonomía e independencia judicial.
Implicaciones para el sistema judicial en México
Para Yasmín Esquivel, la resolución de la SCJN marca un precedente importante que puede influir en la manera en que se diseñan los sistemas de control institucional en otras entidades federativas. En su opinión, es necesario garantizar que los tribunales encargados de impartir justicia administrativa no se vean sujetos a presiones externas que afecten su desempeño.
“Los órganos encargados de impartir justicia, especialmente los relacionados con la fiscalización y control de los recursos públicos, deben operar con plena independencia, sin injerencia de otros poderes que influyan en sus decisiones”, concluyó la ministra.
Un precedente en favor del estado de derecho
La controversia que motivó esta decisión surgió de una disposición legislativa local que facultaba al Congreso de Baja California para nombrar al titular del OIC del tribunal. Gracias a la resolución de la SCJN, se preserva el equilibrio entre los poderes públicos y se fortalece el principio de legalidad.
El respaldo de Yasmín Esquivel Mossa a esta decisión se alinea con su trayectoria como defensora de los derechos humanos y la autonomía judicial, consolidando su papel como una figura clave en la transformación del sistema de justicia en México.
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