Se solidariza PRI con diputadas federales

Se solidariza PRI con diputadas federales

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, acudió ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), a interponer una queja por violencia política en razón de género en contra de diputadas militantes de este instituto político.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente del CDE del PRI, Arnoldo Ochoa González, acompañado por la secretaria General del comité estatal Betzaida Pinzón Carreto, así como las dirigentes de los sectores, organizaciones, legisladores locales, regidoras y dirigentes de los comités municipales priístas.

El dirigente estatal del PRI, dijo que en la queja interpuesta ante la CDHEC, es en solidaridad a las diputadas federales priístas que fueron señaladas por Layda Sansores, gobernadora de Campeche, durante un programa, donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

Ochoa González señaló que esta queja se presentó de manera simultánea en todas las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de todas las entidades del país, por considerar que existe violencia política en razón de género, “y nosotros nos estamos sumando al recurso de queja interpuesto por la diputada María Elena Serrano y es el mismo que entregamos aquí en Colima firmado por ella, en representación del Partido Revolucionario Institucional.

El presidente estatal del tricolor dijo: “Nosotros como partido estamos en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres y particularmente aquí en Colima, rechazamos el estado en que se encuentra la situación generalizada de las mujeres colimenses, porque aquí en nuestra entidad somos uno de los estados con mayor número de mujeres desaparecidas de todas las edades; también queremos manifestar nuestra inconformidad por los feminicidios que se dan en el estado de Colima”.

El CDE del PRI informó que la secretaria General Betzaida Pinzón dijo que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, refirió que tenía fotografías íntimas de diputadas federales del PRI que en algún momento le fueron entregadas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Las diputadas federales fueron violentadas por la gobernadora de Campeche, durante su programa semanal de calumnias”, externó la dirigente.

Enfatizó que la gobernadora de Campeche ejerció violencia política de género, al asegurar públicamente que supuestamente posee fotografías de índole sexual de diputadas del PRI, que de ser el caso, habrían de ser obtenidas de manera ilegal.

Betzaida Pinzón, dijo que “los dichos de la gobernadora, incitan a la violencia en contra de todas las mujeres en la política, por lo que sus conductas deben ser sancionadas. La violencia política en razón de género, no puede ser tolerada y mucho menos viniendo de parte de una servidora pública”.

Ahí, la regidora Ma. Rocío Benavides Cárdenas y la presidenta del Comité Municipal Colima del PRI, Georgina Haydée Hermosillo Florián, quienes destacaron que los señalamientos de la funcionaria pública afectan los derechos humanos de las legisladoras federales, son misóginos y violentan la dignidad de todas las mujeres señaladas en el escrito.

En la queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dirigida al titular Roberto Ramírez, se señala que este hecho no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales.

Por lo anterior, los inconformes solicitaron una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a sus derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, pidieron la eliminación del video publicado en el que se mencionan las fotografías íntimas de las diputadas; así como prohibir la continuidad de manifestación en la materia de la violencia en contra de las suscritas, el continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital que las afecte y acercarse o comunicarse con la víctima u ofendida.

Finalmente, requirieron al organismo realizar las investigaciones necesarias por la posible obtención ilegal de material fotográfico privado, “pues representa una grave violación a nuestros derechos como mujeres y servidoras públicas”.

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