Por caso Cienfuegos México no teme represalias: fiscal

Frente a las críticas hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la decisión de no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, el fiscal Alejandro Gertz asegura no temer represalias del vecino país: “Este caso se trata de manera institucional, no es un asunto de personas”.

Para el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la acusación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en contra del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos “evidentemente tenía un objetivo de escándalo”.

No sólo eso. Considera que “estuvieron esperando con toda malicia para llevarse el prestigio del país y sus instituciones al demonio”.

Sostuvo que la DEA está en su derecho de impugnar la resolución que tomó la FGR y acudir a instancias judiciales para que un poder diferente –en este caso el Poder Judicial de la Federación– analice la legalidad de lo determinado.

Gertz informó que el Ministerio Público Federal inició una investigación para determinar si la manera en que la DEA obtuvo las pruebas contra el militar fue legal, y explicó que esta indagatoria se abrirá al escrutinio de autoridades de derechos humanos internacionales, a las que se extenderá la invitación para que acompañen a la fiscalía.

Por lo pronto, el expediente entregado por la agencia estadunidense a la autoridad mexicana fue “insuficiente” para demostrar la responsabilidad de Cienfuegos en la comisión de los delitos que se le imputaban.

El pasado 16 de octubre el general viajó con su familia de vacaciones a Estados Unidos y fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por agentes de la DEA. Durante cinco semanas permaneció detenido, acusado de vínculos con el cártel del H-2 y haber cometido delitos contra la salud y lavado de dinero.

Cinco semanas después, por gestiones del gobierno mexicano, la DEA se desistió de las imputaciones y fue regresado al país como una persona sin acusaciones, aunque la FGR investigó los señalamientos de la autoridad estadunidense y dos meses después la fiscalía determinó no ejercitar acción penal.