Urgente nombrar fiscal anticorrupción

A lo largo de ese tiempo se han escrito miles de líneas sobre el hecho y se han abordado discusiones en todos los sentidos, al grado de tener ya una idea clara de lo que se pretende. Por lo tanto, no veo la razón de demorar la aprobación de la persona idónea para ocupar dicho cargo. Personalmente pienso que tal hecho no debe aplazarse más allá del actual periodo de sesiones; es decir, no debe ir más allá del 30 de abril.

En este proceso hemos atestiguado el colmo al que llegaron algunos buscadores de la Fiscalía, que pretendieron obtenerla incurriendo en actos de corrupción, como el caso de dos aspirantes que cometieron el delito de plagio de los ensayos que entregaron para postularse. Esto, desde luego, habla de lo delicado que resulta su nombramiento, que debe ser sometido al escrutinio más severo para evitar ensuciar una instancia que es fácil identificar por su propio nombre, paralelo con la más estricta decencia.

Además, el peso de su nombre contiene de manera implícita que quien se haga cargo está obligado a presentar credenciales de honestidad a toda prueba, y que su función debe ser absolutamente independiente, para evitar actos de obediencia a sus superiores. De tal forma que nadie pueda ordenar tal o cual proceder, sino que su conducción debe operar totalmente bajo el criterio y libre albedrío de la persona designada.

Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción se insertó en la reforma constitucional de mayo de 2015. La idea es convertirla en una herramienta que permita la persecución de delitos de corrupción, precisamente, tan necesaria en un país carente de una instancia similar. Aunque la Procuraduría General de la República tiene dichas atribuciones, es esencial contar con una fiscalía para perseguir determinados casos, aunada al Sistema Nacional Anticorrupción y coordinada con las otras dependencias integrantes de ese Sistema.

Particularmente, estoy convencido de que la figura de fiscal anticorrupción es la piedra angular en el Sistema Nacional Anticorrupción. Igualmente, de que hay que tener mucho cuidado con la credibilidad a que tenga que someterse el nombramiento, poniendo profundo cuidado y la armonía que la sociedad reclama.

A juicio muy personal, debemos evitar caer en el juego de los partidos, algunos de los cuales desearían un fiscal a modo para moverse a sus anchas si es el caso de que lleguen a ocupar la Presidencia de México o prolongar la impunidad de la que hasta hoy han gozado. En lo que respecta a este nombramiento, es necesario actuar de acuerdo con la demanda de la sociedad, que ya exige las mejores respuestas, además de inmediatas.

Al mismo tiempo, resultan inaceptables las actitudes de algunos partidos, como el ejemplo del PRI, que intenta aprovechar la Semana Santa para presentar una propuesta de dictamen mediante la cual apuesta a que el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, pueda convertirse en fiscal general de la República y quien, por cierto, podría influir posteriormente en el actuar de la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual se limitaría su independencia frente a hechos de corrupción cometidos durante la presente administración.

Ya no podemos esperar más. Ya se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y no puede permanecer incompleto. Ya se ha dicho que hay material humano y todo el presente mes para llevar a efecto esta encomienda. Ya se ha dicho que los más de 20 aspirantes cumplen con los requisitos formales que exige la convocatoria. Nosotros debemos cumplir con nuestra parte, de seleccionar a quien esté encargado de esta fiscalía en el último tramo del sexenio.

Hay quienes piensan que el diseño actual de la fiscalía la mantendrá sumamente acotada. Aun cuando así fuera, el nombramiento mínimamente permitirá exigirle a su nuevo o nueva titular realizar un diagnóstico profundo frente a la sociedad, sobre lo que se requiere fortalecer, para garantizar un verdadero combate a este terrible flagelo.

​¿Por qué dar más largas? Se antoja pensar en que postergar el nombramiento también es un acto de corrupción.