Ciudad de México, 27 Dic.- El día de hoy, la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa sobre irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato, finalizado hace poco más de un año.
El magistrado federal Julián Ercolini, en línea con lo expresado por la Fiscalía, consideró que “se encuentra acreditado” que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, integraron una asociación “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.
Ercolini, que dictó además contra Fernández un embargo de 10,000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares), ordenó también el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas en el mismo periodo José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido “in fraganti” cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento.
El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad de Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y ahora detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
“Se empieza a hacer Justicia”, expresó hoy Carrió a través de la cuenta oficial de Twitter de Coalición Cívica, su agrupación política.
Aunque la ex jefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa propiamente relacionada con delitos considerados de corrupción.
A su salida de los tribunales, cuando fue llamada a declarar por esta causa, el pasado octubre, Fernández reiteró, como ha hecho en múltiples ocasiones, que se siente víctima de “una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático” puesta en marcha por el Ejecutivo de Macri, que intenta, en su opinión, “tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina”.
Con información de El Nuevo Día
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