Cabe recordar que durante la semana que abarcó del 28 de noviembre al 4 de diciembre, cuatro elementos policiacos fueron asesinados, sin que hasta el momento la autoridad haya señalado algún culpable o causa de los crímenes.
El mismo 28 de noviembre, cuando ocurrieron dos de los asesinatos, algunos policías de distintos cuerpos de seguridad acudieron al Congreso del Estado para pedir mejoras a sus condiciones laborales.
Días antes, el 23 de noviembre, en una reunión de trabajo con los legisladores locales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Javier Castaño Suárez, externaba que el estado necesita en 500 y 600 policías, al mismo tiempo que aceptaba que al menos tres exgobernadores tienen elementos de seguridad pública asignados para su protección.
Además, el 30 de noviembre de este año, el gobernador del estado, Ignacio Peralta, aceptó que dentro de los cuerpos de seguridad había elementos que estaban coludidos con el crimen organizado, y resaltó una importante deficiencia en materia de seguridad, específicamente en el rubro de tecnología, pues indicaba que tan solo la Administración Portuaria Integral (API) tienen más cámaras en sus instalaciones, que el gobierno en todo el estado.
Por su parte, el 15 de noviembre se daba a conocer que Felipe de Jesús Muñoz Vázquez dejó vacante el cargo de procurador general de Justicia del Estado para ser nombrado subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales en la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante su estancia de ocho meses en el estado, Muñoz Vázquez había dicho que la dependencia que encabezaba estaba desarticulada, razón por la cual no había podido dar los resultados esperados.
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