“Estamos unidos para defender los derechos de nosotros como transportistas en el estado de Colima, quien quiere a través de la Ley de Movilidad, la secretaria, quitarnos esos derechos que nosotros durante muchos años hemos tenido y con un plumazo, con una ley que se manda de manera muy irregular al Congreso del Estado, nos quiere quitar nuestras concesiones”, declaró.
Expuso que la titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Gisela Méndez, “está montada” en legalizar los servicios privados como Uber o Chofer Pro, mientras que a los concesionarios que pretenden prestar sus servicios a través de esa plataforma deben pagar el 20 por ciento de los ingresos.
“Los permisos ella los va a dar de forma, no sabemos cómo, entonces sí apelamos a que la sociedad sepa que nosotros como transportistas no estamos de acuerdo en este tipo de aplicaciones”.
Chávez Ríos recordó que si bien ellos sugerían en la iniciativa de ley que entregaron al Congreso a inicios de septiembre pasado que las concesiones de taxi quedarán de 99 años, en la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo se plantea que sea por diez años, “con una revisión muy estricta” a los cinco años.
Acompañado por alrededor de 30 transportistas y concesionarios más, mencionó que decidieron dar la rueda de prensa desde fuera del Palacio de Gobierno, para dar su apoyo a dos de los tres choferes que iniciaron una huelga de hambre desde el jueves 8 de diciembre.
En su oportunidad, Zenén Campos, presidente de la Federación del Transporte Urbano y Suburbano del Estado de Colima, explicó que empresas como Uber, que traen el capital de fuera del país, saben que de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio, el transporte público urbano y suburbano no puede liberarse como sí se puede hacer con el transporte aéreo, marítimo, el de carga federal, el de turismo y el pasaje federal.
“El tratado especifica que el transporte urbano y suburbano debe seguir siendo de mexicanos y debe seguir siendo controlado por los gobiernos en cada estado, ese no puede liberarse, salvo que hubiera una renovación a ese tratado”, indicó.
Ante esa situación, añadió que además de las manifestaciones de protesta que se tienen contempladas entre las acciones a realizar, comenzarán con la elaboración del amparo colectivo como se ya hizo en la Ciudad de México y en estados como Chiapas y Oaxaca, pues aseveró que de llegar a ser aprobada esa iniciativa enviada por el Ejecutivo, afectaría económicamente a las cerca de 12 mil familias que dependen de los ingresos de ese sector en todo el estado de Colima.
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