“Las que van a ser dadas de baja son porque la mayoría ya no funcionan, no refrendaron y tienen adeudos desde 2008 o reiteradas faltas al reglamento”, explicó.

Es precisó señalar que un establecimiento que ofrece bebidas alcohólicas irrumpe con el reglamento, se les levanta un acta administrativa y se les cobra una multa de alrededor de mil 700 pesos; de reincidir la multa podría llegar hasta los siete mil pesos y si por tercera ocasión se incumpliera con el mandato, el siguiente paso es clausurar el lugar de manera indefinida.

En este sentido, Michel Ruiz añadió que además de las consideraciones establecidas por la Comisión de Comercios, Mercados y Restaurantes del Ayuntamiento de Colima, quienes realizan visitas a los establecimientos para cerciorarse de que se cumpla con lo establecido en el reglamento, existen criterios muy específicos para bares y sitios de venta exclusiva de alcohol, pues éstos no pueden estar ubicados a menos de 200 metros de centros educativos, iglesias o edificios públicos.

“Los regidores de la Comisión mediante su visita definen si será o no adecuado brindar el permiso (…) en ocasiones ven cosas que no concuerdan con sus criterios, o si en ese momento se les acerca gente y les dicen que no quieren que haya ese tipo de establecimiento cercano a sus casas, también lo toman en cuenta”, detalló.

Por otro lado, el funcionario municipal afirmó que de las referidas 1,098 licencias activas hasta el 23 de septiembre de este año, 318 son candidatas a darse de baja, 67 son licitaciones nuevas, 9 se encuentran en proceso de autorización, 4 ya fueron autorizadas pero está pendiente el pago de convenio de renovación de licencia y 8 fueron autorizadas recientemente, pero quedan pendientes de pago.

Finalmente, el director de Inspección y Licencias, destacó que los interesados en solicitar un permiso para venta o consumo de bebidas alcohólicas deben cumplir con diversos requisitos, entre los que se encuentran un dictamen de vocación del suelo, es decir, que el predio donde se encuentra el negocio se encuentre regularizado, licencias ambientales, registros ante Hacienda y un convenio de recolección de basura.

“Se debe cumplir con lo que marca el reglamento aplicable, la solicitud es sometida a consideración del cabildo municipal, ellos dictaminan la resolución”, concluyó.