Fiscal Anticorrupción en julio

Especialistas en el tema aseguran que, a diferencia de otros países, la corrupción en México queda impune y que mientras continúe, cuesta hasta 9% del PIB anual

Ponerse en los zapatos del otro

Armando Ríos Piter

@RiosPiterJaguar

 

Ciudad de México, 3 Julio.- El Sistema Nacional Anticorrupción ya no puede esperar más, sin estar completo. Por el bien de nuestro país, urge el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, que deberá ser escogido con lupa de entre 26 candidatos. Su papel deberá ser totalmente autónomo, razón por la cual, el Senado de la República tiene la obligación de ser meticuloso en el análisis de antecedentes y perfiles de cada uno de los contendientes.

Es importante que el fiscal no esté sujeto al mandato de nadie. La autonomía le dará legitimidad a la hora de aplicar la ley en contra de funcionarios y legisladores que cometan estos delitos, desde el desvío de fondos hasta el tráfico de influencias, pasando por una infinidad de actos que hoy están tipificados y deben ser castigados para acabar con la impunidad prevaleciente en esta materia.

Este nombramiento, así como el de 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa son de suma importancia para cubrir las pendientes que aún tiene el sistema. Los ciudadanos deben vigilar de manera concienzuda las acciones que realice el Senado en las próximas semanas, para asegurar la llegada de hombres y mujeres que fortalezcan la confianza de los mexicanos en las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.

Los mexicanos hemos sido testigos, especialmente este sexenio, de los actos vergonzantes en que han incurrido quienes ostentan diversos cargos dentro de los tres órdenes de gobierno. Como simple muestra del deterioro institucional, están los 16 exgobernadores sujetos a proceso.

En este momento no son pocos los mandatarios estatales que están en la mira de las autoridades judiciales, por las decenas de denuncias en su contra, de diferentes instancias agraviadas, lo mismo del sector civil, que inclusive del mismo gobierno. Precisamente, frente a esta realidad escandalosa, no se entienden las excusas para diferir un acuerdo tan trascendente. Resulta incomprensible que en el Senado, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción se encuentre congelado.

Especialistas en el tema aseguran que, a diferencia de otros países, la corrupción en México queda impune y que mientras continúe, cuesta hasta nueve por ciento del Producto Interno Bruto anual. En estas condiciones, aseguran, el país no prospera. El mismo Banco de México ha coincidido en esta cifra, que equivale a un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos y agrega que esta cantidad puede compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.

Lo anterior y otros problemas inherentes a la corrupción en México, provocan una serie de daños en diferentes sectores de la población, como el freno a la economía, inequidad en la distribución del ingreso, desencanto con la democracia, inhibición de la inversión, entorpecimiento de la justicia y varias decenas de lastres más, que desembocan en un retraso del país en diferentes órdenes.

Los estudiosos del fenómeno aseveran que la corrupción no es particular de México, pero la impunidad sí. Por eso la figura del Fiscal, encargado de garantizar que quien viole la ley, sea realmente castigado, es tan trascendente.

La gravedad del problema, así como la percepción de impunidad pueden tener costos inimaginables. Es indispensable que, a más tardar en este mes de julio, se convoque a un periodo extraordinario para realizar los nombramientos. La participación de la sociedad civil nuevamente será fundamental, tanto en la exigencia de que ello ocurra, como en el seguimiento de que el proceso sea el adecuado.

Precisamente por esta razón, ante los recientes ataques al Comité de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, quiero poner énfasis en no comprar distractores ni “cortinas de humo”. Reitero mi confianza plena en la honorabilidad de los representantes y organismos de la sociedad civil que han acompañado el proceso, así como en las decisiones que tomaron en el nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Necesitamos un Sistema Nacional Anticorrupción completo; el fiscal y los 18 magistrados deben ser nombrados cuanto antes. Ante el intento de desacreditar la participación ciudadana, cerremos filas y redoblemos la presión para que estos nombramientos no pasen del mes que inicia.

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