El factor Monreal

Quienes llegan cada día a la Cuauhtémoc son esperados por otros que viven ahí (532 mil 553), pero sobre todo por otros cientos de miles.

jefe delegacional ricardo monreal

Por Salvador Camarena y Claudio González Caraza

Ciudad de México, 2 Dic.- Cada día a la delegación Cuauhtémoc llegan a trabajar dos millones de personas. Eso es la Cuauhtémoc, demarcación con una superficie de apenas 32.44 kilómetros cuadrados, pero el espacio por donde pasa todo México. El centro del centro del centro del país. Millones de viajes diarios. Viajes desprovistos de cualquier romanticismo a los mercados más añejos, a las plazas fundacionales, a nuevos edificios; traslados para trámites y diligencias de lo civil, lo político, lo religioso; andanzas de quienes buscan trabajo en un puesto ambulante, en un despacho independiente o en alguna reluciente torre de Paseo de la Reforma apenas inaugurada.

Quienes llegan cada día a la Cuauhtémoc son esperados por otros que viven ahí (532 mil 553), pero sobre todo por otros cientos de miles que acuden a esa delegación a usufructuar con los millones de encuentros posibles de esa gran legión cotidiana, masa cargada de expectativas y de dinero.

El resultado es una intensa pugna por el espacio público en todas las actividades, desde el tránsito de personas y vehículos hasta la diversión nocturna, pasando por el comercio formal e informal, múltiples servicios y la vivienda.

En 2015, luego de un dominio perredista de década y media, el partido de Andrés Manuel López Obrador (Movimiento de Regeneración Nacional, Morena) ganó las elecciones en esa demarcación. El PRD perdió no sólo por el empuje de la marca de AMLO en la capital, sino sobre todo por el desgaste de varias gestiones opacas, más pendientes de las clientelas que de los vecinos. Ricardo Monreal, el ganador de esos comicios, prometió un cambio en la forma en que se gobernaba la delegación y en la relación con la ciudadanía.

Un año después la administración Monreal ha provocado la exacerbación de las tensiones que ya acusaba ese territorio, y ha sumido a la delegación en uno de sus momentos más críticos: el patrimonio territorial es arrasado como no se había visto en décadas, el desorden por la proliferación de permisos de establecimientos mercantiles no aguanta la prueba de la risa, los ambulantes pujan por espacios y el gobierno delegacional los consiente, la oposición reclama fraudes del delegado de Morena, y los vecinos se sienten olvidados o burlados por el doble discurso del político zacatecano.

Voracidad inmobiliaria

En el número 169 de la calle de Mérida, en la colonia Roma Norte, se levantaba una casa de dos plantas construida en los años veinte del siglo pasado. “Con fachada de cantera, muros de tabique, entrepisos de bóveda catalana, arcos de medio punto y escarzanos”. Así reza la descripción que de ese inmueble hace el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), al que por su valor arquitectónico agregó en el catálogo de inmuebles con valor artístico en 1982. A pesar de la alerta del INBA, fechada el 9 de mayo, para que la delegación Cuauhtémoc detuviera las obras que ahí se llevaban a cabo, para agosto esa casa había sido demolida. En un documento de Bellas Artes se asienta lo obvio: la delegación no dio respuesta a su petición. La valiosa fachada fue sustituida por un anuncio que presume departamentos en “un nuevo espacio con estilo de vida”.

Con una descripción similar a la de la finca desaparecida de la calle de Mérida, en el número 144 de Tonalá, también en la Roma Norte, se encuentra un inmueble del año 1920 que por su “arquitectura relevante”, “integración con la traza urbana” y “buen estado de conservación” forma parte del catálogo de inmuebles con valor artístico del INBA. Por ello, Bellas Artes pidió el 3 de noviembre de 2015 al delegado Ricardo Monreal “la verificación y la suspensión inmediata de obras realizadas al interior de este inmueble”. El inmueble sufrió modificaciones sin que hubiera respuesta de la autoridad delegacional para impedirlo, según consta en una relación entregada por la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble de la dependencia federal. Testimonios de algunos vecinos señalan que en ese lugar, modificado de manera ilegal, hoy se prepara la apertura de un restaurante.

Mérida 169 y Tonalá 144 distan, por mucho, de ser los únicos casos en donde la delegación Cuauhtémoc encabezada por Monreal ha fallado.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuenta con 79 oficios similares del INBA, documentos girados en los últimos 12 meses por esa autoridad pidiendo a Monreal y sus colaboradores que supervisaran y detuvieran obras en 63 inmuebles catalogados.

Esa documentación refleja sólo una parte de la destrucción patrimonial que en el último año han padecido la Roma y la Condesa, las dos colonias en las que se centró esta investigación.

A través de solicitudes de información para conocer la actuación de la autoridad delegacional en cada intervención que solicitó el INBA, MCCI constató que la delegación surgida del partido Morena ha tolerado la destrucción patrimonial ya sea por falta de acción luego de ser notificada, por desorden administrativo —se contradicen distintos departamentos en sus oficios de respuesta— o con justificaciones tan variadas como aducir que ya habían inspeccionado un año antes de la fecha del documento que lo solicitaba (se dan varios casos con esa respuesta), o que al visitar el lugar —cuatro meses después de la fecha del requerimiento del INBA— “se encuentran departamentos todos totalmente terminados”. Las omisiones son tan elaboradas que difícilmente pueden ser consideradas como casuales.

En otros casos de los que se solicitó documentación, las autoridades sencillamente no pudieron acreditar diligencia alguna, sus respuestas a los requerimientos de información van de “no se encontró antecedente alguno del oficio”, a “no se encontró registro de verificación alguna”.

La destrucción patrimonial en marcha en la Cuauhtémoc es de tal magnitud que Dolores Martínez, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, afirmó el viernes 30 de septiembre que “se está dañando más (el patrimonio) ahorita que en el sismo de 1985. La destrucción ha aumentado. Antes era esporádico, ahora es constante. Hay una voracidad inmobiliaria grave”.

En su campaña rumbo a la jefatura delegacional un cartel propagandístico de Monreal colgado en el rumbo de la glorieta de la Cibeles prometía “respeto irrestricto al uso de suelo y a las construcciones consideradas patrimonio arquitectónico y artístico”.

12 meses después de que tomara posesión, lo que se padece en las colonias Roma Norte y Condesa muestra que con Monreal la voracidad inmobiliaria se ha disparado.

Van ejemplos: las casas catalogadas que se encontraban en las siguientes direcciones resultaron dañadas, de manera irreparable, en los últimos 12 meses: Hamburgo 169, Oaxaca 85, Mérida 56, Mérida 169, Atlixco 34, Zacatecas 194, Guanajuato 168, Querétaro 51, Mérida 234, Insurgentes Sur 341. Ello a pesar de que en todos los casos, vecinos y el INBA, advirtieron que iban a ser demolidas o gravemente dañadas si la delegación no intervenía de inmediato. La lista se amplía a docenas de inmuebles si consideramos sólo daños parciales a inmuebles catalogados.

Trámites exprés

La maquinaria que le da empuje a esta “voracidad inmobiliaria” como la califica el INBA es el desarrollo de conjuntos habitacionales y la apertura de establecimientos mercantiles que los vecinos han denunciado como sospechosos o de plano ilegales.

Un recorrido por la colonia Roma Norte no deja de sorprender con la cantidad de nuevos restaurantes y, con cada vez más frecuencia, torres de departamentos ofreciendo “high living”. Los precios inmobiliarios en la zona se han disparado. “Hace unos años la Roma Norte no llegaba ni siquiera a los 30 mil por metro cuadrado. Hoy puedes vender cómodamente a 47 mil o 50 mil por metro. Ya se llenó la Roma Norte, así es que los precios probablemente van a alcanzar los de la Condesa. Hay un desbalance enorme entre la demanda, que tiene una curva muy empinada, y la oferta, cuya curva es casi inelástica”, comenta Álvaro Mejer, un corredor inmobiliario de la zona Roma-Condesa.

Existen leyes que buscan asegurar que esta explosión de ladrillos y platillos se lleve a cabo de manera ordenada. La delegación Cuauhtémoc es regida por un Programa de Desarrollo Urbano Delegacional publicado en septiembre de 2008. Ahí se identifican qué predios pueden ser destinados a qué usos (habitacional, habitacional con comercio, habitacional con oficinas, habitacional mixto, equipamiento o espacios abiertos). Ese plan debería marcar la pauta de la expansión e innovación urbana de la zona.

Sin embargo, la destrucción patrimonial en los últimos 12 meses ha sido particularmente desenfrenada en la colonia Roma Norte y ha venido de la mano de la omisión de las autoridades delegacionales para hacer valer el Programa de Desarrollo Delegacional. Esta colonia, fundada en 1902, tuvo su expansión inicial durante las primeras dos décadas del siglo XX. Sus grandes avenidas, frondosas plazas públicas y espectaculares casonas son baluarte de otra época. No es de sorprender que 6% de los inmuebles catalogados por el INBA a nivel nacional, y 11% de los de la Ciudad de México, se encuentren en la Roma Norte.

La presión inmobiliaria ha traído nuevas torres de departamentos y nuevos restaurantes con menús que incorporan especias de cada vez más rincones del mundo. Uno de los factores que ha hecho posible esta pujanza ha sido la destrucción, parcial o total, de patrimonio.

Es común ver casas catalogadas en obra sin ningún permiso exhibido, como lo exige la ley, que por dentro ya no son más que escombro. Ni las quejas de los vecinos, ni los repetidos oficios del INBA marcados de “urgente” parecen lograr que las autoridades reaccionen.

Para poder intervenir en estos edificios protegidos sin antes recibir el visto bueno del INBA los desarrolladores inmobiliarios acuden a un gestor que se ocupa de facilitar todos los trámites burocráticos. Un gestor especializado en obras describió ese proceso ilegal para este reportaje.

La clave es conocer a las personas adecuadas, los facilitadores que también se aseguran de que nadie venga a clausurarte las obras, explica el gestor, que habla de manera desenvuelta y con un cómodo dominio de las normas de desarrollo urbano. Comenta que “existe un equipo de gente que trabaja en la delegación pero que no forma parte de la estructura de la delegación. Oficialmente no trabajan ahí, pero sí traen chalecos, gafetes, todo. Les dan las facilidades. A través de ellos se hacen las negociaciones para que puedas trabajar sin papeles”. Para conseguir esta autorización contraria a la ley el primer paso es presentarles tus planes de obra a estos facilitadores. “Ellos se llevan esa información a cotejarla con sus jefes en la delegación y según el sapo es la pedrada”. Según este gestor todo ocurre en el entorno de Salvador Santiago Salazar (conocido como Chava Chava), subdirector de Verificaciones y Reglamentos y veterano de la delegación Cuauhtémoc.

Luego viene el cobro. “Te piden primero un anticipo significativo, y lo demás lo vas pagando mes por mes, por lo general entre 20 y 30 mil pesos”. Para una obra que se lleva 18 meses el costo en mordidas puede rondar los 500 mil pesos, todo en efectivo. Los servicios de estos gestores y de sus contactos en la delegación no acaban ahí. “Si tienes algún problema llamas [a los facilitadores], y ya ellos se encargan de dejar claro que estás en la lista de los que ya están ‘arreglados’”.

Una vez presentados los planes de obras en la ventanilla única de la delegación, es común, asegura un desarrollador de la zona, que habló a condición de anonimato por temor a represalias, que te busquen funcionarios de la delegación para alertarte sobre irregularidades en tu obra. Si no perteneces a la lista de obras protegidas —no la del INBA, si no la de oficiosas autoridades delegacional— tu vida como desarrollador se puede volver muy complicada.

El mismo desarrollador, que lleva trabajando en la zona 13 años, asegura que “sacar los permisos de forma ilegal se paga solo. Arrancas un año antes de lo que te tardarías si hicieras todos los trámites derechos”. Para un edificio de cuatro pisos es común que los trámites excedan medio millón de pesos en costos antes de colocar un solo ladrillo.

Los usos de suelo

El éxito del corredor Roma-Condesa como enclave restaurantero ha generado una enorme demanda por conseguir permisos que posibiliten la apertura de más establecimientos comerciales de ese tipo. La ley dice que para poder sacar este permiso es necesario entregarle a la delegación un certificado de uso de suelo que evidencie que ese giro se permite en el predio. Los usos de suelo para restaurantes son limitados por los planes de desarrollo urbano con la intención de lograr que las colonias se desarrollen de manera integral, con una mezcla de vivienda, escuelas, hospitales, museos, restaurantes y bares, y otros tipos de negocios diversos. Pero el plan de desarrollo urbano no ha saciado el hambre de restauranteros ni la sed de antreros. En lugar de ceñirse a las diferentes avenidas que permite la ley para abrir un restaurante —desde la adquisición de un local que ya permita ese giro mercantil hasta tramitar el cambio de un uso de suelo ante la Asamblea Legislativa— algunos acuden a gestores.

“¿Dónde está el juego? Yo te digo”, explica otro gestor, éste especializado en permisos de establecimientos comerciales. “La delegación no le solicita nada a SEDUVI porque si SEDUVI contesta que no existe ese uso en sus archivos, la delegación tiene las facultades para negar o revocar la licencia”.

El gestor cuenta que “siempre va a haber un catcher, alguien que hace la tarea sucia”. Es a través de estos “catchers” como se puede lograr “sembrar” estos documentos en los archivos de la delegación. Un restaurantero de la zona, que confiesa haber recurrido a este esquema en más de una ocasión, asegura que el costo de este trámite extralegal ronda el millón de pesos. También es a través de los “catchers” como se mueve el dinero. “Aquí no hay cheques. Aquí es la mafia. Todo en efectivo”, subraya el gestor.

“¿Cómo nació de la noche a la mañana un nuevo lugar? Ese es el tema rudo”, asegura el gestor. Para poder abrir se necesita contar con un documento que dé constancia del uso de suelo. El uso de suelo, una de las bases de la planeación urbana, es lo que indica qué se puede hacer y qué no en un inmueble determinado. La Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano (SEDUVI) es la encargada de emitir estas certificaciones, que a su vez se tienen que ingresar en la ventanilla única de la delegación para poder recibir una licencia de funcionamiento como restaurante, bar, antro, etcétera.

¿Qué pasa si ambas instancias tienen discrepancias con respecto a esos usos de suelo? Lo que pasa en ese caso es la Roma Norte hoy, un entorno donde hay una realidad muy distinta a lo que dicen las leyes.

A manera de ejemplo: una muestra de los documentos de algunos de los restaurantes con las mesas más codiciadas de la ciudad —Rosetta, Máximo Bistrot, El Zapote, Puebla 109, Nudo Negro, Balmori, Cancino, y el recién abierto Fresh— revela contradicciones en papeles oficiales respecto al uso de suelo que ocupan.

Para cada uno de esos restaurantes mencionados arriba, SEDUVI y la delegación entregaron a MCCI respuestas sobre el uso de suelo vigente en ese predio que son distintas y contradictorias.

SEDUVI indicó, sin excepción, que los predios en donde operan todos esos restaurantes no permiten ese giro mercantil. En cambio, la delegación respondió con usos de suelo que sí permiten la existencia de un restaurante en estos locales. Todos los usos de suelo entregados por la delegación dicen haber sido expedidos entre los años 1989 y 1992. El gestor explica que “hay una laguna a finales de los ochenta y principios de los noventa cuando todavía no existía la SEDUVI. Entonces lo que pasa es que las diferentes instancias locales se echan la bolita”. Es por eso que se recurre a usos de suelo de esos años para asegurar una rápida apertura.

“Lo que te dan es un uso de suelo que fabrican con las características de los de los principios de los noventa. Ponen las letras viejitas y lo hacen en tamaño oficio. Ponen la firma de Rochita”. Al enseñarle los usos de suelo que la delegación entregó a MCCI para estos ocho restaurantes, todos con la firma de un arquitecto de nombre Roberto Rocha García, el gestor se ríe. “Esa es la firma más falsificada en este medio”. Tan notorios son estos documentos noventeros que un ex director Jurídico de la delegación Coyoacán asegura que al recibir documentos con estas características no quedaba más que empezar un proceso de averiguación ya que invariablemente eran apócrifos. Un ex delegado de la delegación Miguel Hidalgo escanea rápidamente los mismos documentos y los regresa al instante, diciendo, “estos son falsos”. Pero tan esenciales son que llegan a cotizar precios muy altos. “Sacar el uso de suelo en SEDUVI por la vía legal cuesta mil 336. Los fabricadores de usos de suelo cobran caro. Según el sapo es la pedrada”, explica el gestor usando la frase que al parecer es la más trillada en el medio, “pero es normal que te cuesten 400-500 mil (sólo por los documentos)”. Al ver el asombro que ese dato causa, agrega, “¿Si le estás invirtiendo 1.5 millones a una cocina, no vas a invertirle 500 mil al documento que te va a permitir abrir?”.

Los vecinos han denunciado que incluso en el supuesto de que estos papeles de los años noventa fueran legítimos, las bases jurídicas para la apertura de cualquier nuevo restaurante serían endebles, porque hay que acreditar la continuidad del aprovechamiento de ese uso de suelo. Es común que restauranteros, apoyados de sus gestores y de los documentos que llevan la firma de Rocha, aleguen tener derechos adquiridos para operar con ese uso de suelo. Sin embargo, imágenes de Google Street View tomadas años antes de que inauguraran estos locales muestran que ahí no existía restaurante alguno.

El desencuentro vecinal

Preocupados por la destrucción de patrimonio, el INBA buscó desde el inicio de la administración una reunión con Pedro Pablo de Antuñano, nombrado por Ricardo Monreal como director Jurídico y de Gobierno, y quien renunciaría meses después, en septiembre, en medio de un escándalo por no haber podido acreditar el origen de un paquete de 600 mil pesos en efectivo.

La instancia federal no recibió respuesta a esa solicitud a Antuñano, por lo que la reunión finalmente fue facilitada a través de líderes del comité vecinal de Roma Norte III, pero se concretó hasta cuatro meses después, en febrero de este año. Antuñano abrió la esperada cita diciéndole a los vecinos que “a pesar de que no votaron por nosotros, vamos a trabajar con ustedes”. El acuerdo fue que INBA se reuniera con las autoridades delegacionales cada 15 días para revisar los casos más urgentes de destrucción patrimonial. En abril el funcionario delegacional ya no los recibió.

Antuñano simboliza uno de los desaciertos de Monreal a la hora de armar el equipo en la delegación, uno que le distanció de los vecinos.

En menos de un año de gestión Antuñano sería denunciado al menos cinco veces ante la Contraloría General de la Ciudad de México por omisiones en la supervisión de obras, cobros irregulares a giros mercantiles, así como autorizaciones fuera de la ley que se efectuaron en la demarcación. A estas investigaciones se suman las que se efectuaron directamente en la contraloría interna de la Cuauhtémoc, que suman al menos nueve, de las que no se han tenido avances.

El otro error de Monreal ha sido que, a pesar de prometer lo contrario, en puntos clave, dejó casi intacta la estructura delegacional que él mismo calificó de deshonesta.

“Resultaron unas fichitas estos pillos. Vamos a derrotarlos. Ya es hora de ganarle a esta mafia. Esta delegación es la más opaca en la historia del país”. Era una mañana de mayo de 2015. La campaña por la jefatura de la delegación Cuauhtémoc estaba en un momento crítico a unas semanas de la elección. Con esas palabras y meneando un dedo al aire, Ricardo Monreal, el entonces candidato de Morena, le hacía frente al delegado saliente, Alejandro Fernández, ex delegado perredista que se encontraba en primera fila. Desafiante, Monreal prometió una renovación en las estructuras de la delegación que las limpiara de la “mafia” que el candidato aseguró las permeaba.

Año y medio después de esa advertencia, e incluso tras varios escándalos, el delegado Monreal mantiene en su equipo a operadores clave de administraciones pasadas.

Si bien quienes se encuentran al frente de las divisiones más sensibles de la demarcación son cabezas nuevas —gente cercana a Monreal—, los responsables del ámbito operativo de estas áreas repiten en los cargos públicos, algunos desde la administración de José Luis Muñoz Soria en 2006.

Monreal agregó a ese grupo a dos funcionarios zacatecanos con antecedentes polémicos. Humberto Chavarría fue nombrado director general de Obras y Desarrollo Urbano. Y Bennelly Hernández fue designada como directora de Desarrollo Social.

Según notas periodísticas, Chavarría enfrentó una denuncia en 2003 en el Congreso de Zacatecas por hacer asignación directa para una obra. Trabajó, además, como secretario de director de Obras Públicas para David Monreal, hermano de Ricardo, cuando era presidente municipal de Fresnillo. Ahí lo acusaron de despojo y no pago de indemnización ante el Tribunal de los Contencioso con el número 065/2005-I.

Bennelly llegó al puesto precedida de un escándalo. El 27 de julio de 2015 fue detenida por la PGR tratando de abordar un avión privado en Chiapas con un millón de pesos en efectivo repartido en varios maletines. Fue liberada porque se dijo que los recursos pertenecían al partido.

Y para director Jurídico y de Gobierno, el cargo de mayor responsabilidad en la estructura operativa, nombró a Pedro Pablo de Antuñano, reconocido tras su paso en el PRD como operador de redes electorales y clientelares. Conocedores de la política capitalina explicaron que ese nombramiento se dio por la ignorancia de Monreal en la identificación y el manejo de los grupos que había que operar en la demarcación. Sin embargo, Antuñano no armó una buena interlocución con los vecinos.

Prueba de ello fue lo que padecieron en la Hipódromo Condesa en el tema de las llamadas “activaciones” de marcas comerciales. Vecinos solicitaron a la Cuauh-témoc, en agosto pasado, la relación de permisos para “activaciones de cualquier tipo provenientes de empresas o agencias de publicidad que implique uso de espacio público”, aprobadas desde octubre de 2015 (número de solicitud 0405000190716). Se pidió información sobre los ingresos derivados de las mismas y los beneficios que para el corredor Roma-Condesa hubieran representado. Mediante oficio SCYG/1172/2016, el jefe de la Unidad Departamental de Espectáculos Públicos, Teodoro Raviela Acosta, respondió que “no se localizaron autorizaciones referentes a activaciones por lo cual no se puede proporcionar información alguna”.

De esa respuesta se derivaría que el Corona Capital Week, un concierto masivo en el Parque México del 18 al 21 de noviembre, no habría tenido permiso delegacional a pesar de todo el despliegue operativo y publicitario de un evento que duraba ocho horas diarias, en las que en el Foro Lindbergh se presentaron grupos como Apolo, Beach Fossils y DapuntoBeat.

Lo mismo ocurrió con Kia, armadora que durante 30 días colocó una decena de volumétricos de un metro y medio de altura y siete de longitud en espacios públicos de la zona para promocionar sus autos. Los vecinos reaccionaron a esta última promoción comercial con una “clausura ciudadana” y en respuesta a ello, el 19 de abril el director Jurídico y de Gobierno emitió un Oficio Circular dirigido a todos los directores cancelando las activaciones comerciales. El delegado Monreal utilizó su cuenta de Twitter para dar difusión a la decisión, prometiendo que en adelante los vecinos participarían en todas las decisiones que afectaran su entorno.

Contrario a ese Oficio Circular y al compromiso de Monreal, apenas un mes después, el oficio DMVP/SN/2016 firmado por el director de Mercados y Vía Pública, Herman Domínguez, otorgaba permiso para la “activación publicitaria ADIDAS FLAGSHIP STORE”, consistente en obras plásticas colocadas en distintas jardineras, cruces y plazas.

El recuento de casos similares incluye eventos de las marcas Pedigree, Telcel y Nike en el circuito de la avenida Ámsterdam.

Todo eso no existió según los documentos de la delegación. La exigencia de legalidad y transparencia en el uso del espacio público derivó en discusiones en las redes sociales y en reuniones vecinales para denunciar la simulación de las autoridades y el abuso de las agencias a cargo de las marcas. Pero no sería la única pugna por el espacio público en la que los vecinos advierten que la autoridad no atiende sus planteamientos.

Elecciones ambulantes

La constante aparición de nuevos espacios para el comercio informal que señalan denuncias vecinales en la Cuauhtémoc no se entiende sin las urnas. Los puestos callejeros, otra de las caras de la pugna por el poder territorial, y una de las que más irrita a los vecinos, está cimentada en el sistema electoral.

Los ambulantes han decidido copar espacios formales de representación. Así, en la elección de comités vecinales del pasado 4 de septiembre cuatro de los cinco comités de la Roma Norte quedaron en manos de ambulantes ligados a Diana Sánchez Barrios y Graciela Sánchez Barrios, dos hijas de la más importante líder de ambulantes en la ciudad, Alejandra Barrios.

Los vecinos no ligados a grupos clientelares fueron vencidos decisivamente por las planillas que postularon como candidatos a agremiados de grupos de ambulantes (quedando desde 20 hasta 60 puntos porcentuales debajo). Pasadas las elecciones, estos vecinos presentaron una denuncia ante la FEPADE en la que describen el método por el cual el voto ambulante fue movilizado. Este incluye la repartición de despensas desde camionetas, entrega de efectivo, y también amenazas de las consecuencias que traería para ambulantes y su familia no votar por la planilla que se les indicó.

Y lo mismo pasó en las elecciones para la asamblea constituyente de la Ciudad de México, lo que motivó a denuncias de integrantes del PRD.

En un documento de denuncia de irregularidades, enviado por perredistas a Miguel Ángel Mancera y de-nominado “Libro Blanco. Elecciones a Constituyentes de la Ciudad de México en la Delegación Cuauhtémoc”, se asegura que en ese proceso electoral “Monreal acudió a las más viejas triquiñuelas” para incidir en esos comicios extraordinarios.

Al asegurar que el delegado pactó el apoyo con el Partido Revolucionario Institucional, el reporte señala que “las áreas encargadas de vía pública y puestos metálicos operaron para inflar el padrón electoral, domiciliando en Cuauhtémoc a residentes en el Estado de México o de otras delegaciones de la ciudad, bajo el conocido método de turismo electoral empleado por el PRI.

“Los vendedores ambulantes fueron obligados a votar por Morena bajo la amenaza de perder sus espacios en la vía pública. Además, cada uno debió de domiciliar o acarrear mediante pago directo a 10 electores más. Quienes no lo consiguieron fueron multados por sus líderes”.

Los grupos de ambulantes tienen décadas en la Cuauhtémoc, pero la alianza de Monreal y de Morena con los líderes de esas clientelas es vista como una de las causas del surgimiento, y afianzamiento, de puestos de venta callejera en la delegación.

Vecinos en fuga

El Mercado de El Oro, de puestos ya prácticamente fijos sobre la calle de El Oro en las inmediaciones de la Cibeles, hoy hace honor a su nombre. Este tianguis vive su época dorada. El costo del empoderamiento de los ambulantes, en ese y otros sitios de la Cuauhtémoc, lo pagan múltiples inmuebles, entre ellos viejas casonas de la Roma, que son ocupadas como bodegas para diablitos, armazones de puestos, lonas, y mercancías de todo tipo. El trajín es incesante en esos predios, nuevos y antiguos, y constituyen la estampa de uno de los orígenes de la tensión entre vecinos y ambulantes por el espacio público —la necesidad de bodegas en detrimento de espacios habitacionales—. Y es también, por supuesto, uno de los factores de riesgo para el patrimonio que representan algunas de esas fincas.

“El desarrollo urbano debe ser un balance entre el respeto a la vida cotidiana de los vecinos, la conservación de una zona muy particular por su elevada concentración de inmuebles considerados patrimonio histórico y la prosperidad de los negocios que aportan a la zona. En vez de ello sufrimos una depredación donde la usurpación de inmuebles de giro habitacional ha sido entregada a concesiones ilegales de locales de alimentos y bebidas”, comenta Patricia Pérez Walters, una vecina de la Roma. Ella y algunos otros vecinos de la zona se han atrevido a hacerle frente a esta expansión desenfrenada de restaurantes y bares. Pero han pagado por ello.

“Al lado de mi casa me abrieron un antro. Había fiesta de jueves a domingo y en casa teníamos un bebé, entonces me empecé involucrar”, cuenta un vecino que pide no revelar su nombre por miedo a represalias. Después de sólo unas semanas empezó a recibir amenazas. “Ya sé qué haces y dónde vives. Sabemos quiénes son tus hijos y dónde van a la escuela”, le repitieron muchas veces tanto hombres como mujeres por vía telefónica. Siguió insistiendo pero las autoridades delegacionales le pedían que le “bajara” ya que el bar del cual se estaba quejando estaba protegido “por un senador”. “Lo único que le pedíamos es que le bajaran al volumen y que dejaran de servir a menores”, explica el ex vecino. “En menos de un año me robaron tres veces: mi casa, mi local y mi caja de banco”. Hace unos meses se mudó de la ciudad.

No seguir plan alguno de desarrollo puede ser muy peligroso para una colonia. “Las consecuencias ya las estamos viendo”, asegura el arquitecto y urbanista Alejandro Hernández. “No hay una planificación clara que responda a lo que está sucediendo, lo cual hace el proceso de desarrollo urbano muy discrecional”.

La omisión ante la destrucción patrimonial y la tolerancia a la violación sistemática del uso de suelo, son dos de las quejas de los vecinos con respecto a los 12 primeros meses de la gestión monrealista. Las críticas incluyen ausencias recurrentes del delegado durante la campaña de su hermano David por la gubernatura de Zacatecas; desdén ante conflictos de interés, como el caso de la nueva plataforma de transparencia de la delegación, que fue financiada por un grupo de desarrolladores inmobiliarios (el regulador aceptando favores de los regulados); su tendencia a la autopromoción (como lo enseña un video producido por la delegación en la que restauranteros de la zona agradecen repetidamente a Monreal); así como la falta de acción ante la proliferación de predios invadidos (que incluye, según una lista presentada por el mismo Monreal ante la Asamblea Legislativa, por lo menos 40 inmuebles catalogados) y, finalmente, pero no menos importante, la inseguridad.

En campaña Monreal prometió que se sometería a referéndum a la mitad de su mandato. La fecha se acerca sin que esté claro si cumplirá esa promesa.

“Yo ya me he cansado de decir ‘¿Qué hago?’”, confiesa Dolores Martínez, titular de Patrimonio Arquitectónico del INBA. “A la esquina de Yucatán, San Luís Potosí y Tonalá yo le llamo el triángulo de las Bermudas. Ya no sé qué hacer ahí”.

A unos pocos días de cerrar este reportaje la delegación dio constancia de cómo actuó al recibir el oficio del INBA del 9 de mayo en el cual se le pide de manera urgente su intervención para frenar las obras en el inmueble catalogado de Mérida 169. Cuatro meses después de haber recibido ese oficio, en un documento firmado por Salvador Santiago, la delegación asegura que “se encuentra en proceso de determinar la procedencia de emitir la visita de verificación administrativa”. Mientras tanto en Mérida 169, detrás de una manta se mueven para arriba y para abajo un grupo de trabajadores. Desde los escombros que quedaron tras la demolición de la casa catalogada ya se levantan cuatro pisos que pronto alojarán varios departamentos que van desde 193 hasta 225 metros cuadrados. No hay tiempo que perder, éstos ya se encuentran en preventa.

Publicado originalmente por Revista Nexos

Salvador Camarena
Periodista. Director de la Unidad de Periodismo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Columnista de El Financiero.

Claudio González Caraza
Licenciado en economía por la Universidad de Harvard. Reportero en la Unidad de Periodismo de MCCI.

Lucía Vergara
Periodista multimedia en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

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